CÚA. – Un verdadero calvario viven a diario cientos de ciudadanos que necesitan trasladarse entre los municipios Tomás Lander y Urdaneta del estado Miranda. La falta de unidades, el marcado deterioro de los autobuses y el incumplimiento recurrente de los horarios en la ruta Ocumare – Cúa, que atraviesa la populosa parroquia de Santa Bárbara, han convertido el desplazamiento cotidiano en una experiencia represiva que vulnera la dignidad humana y deteriora severamente la calidad de vida de los trabajadores y estudiantes de la zona.

Así lo consideran usuarios que denuncian a través de nuestros canales de la Red Vecinal La Voz del Tuy, donde además alegan que durante las horas pico de la mañana y la tarde, las unidades tardan entre 30 y 40 minutos en pasar por la arteria vial. Sin embargo, al momento de aproximarse a las paradas, los autobuses ya se encuentran completamente colapsados de pasajeros. Esta situación obliga a los usuarios a abordar las unidades bajo un hacinamiento extremo o a esperar hasta 90 minutos para lograr subir a un colectivo. Durante las horas de menor afluencia, el tiempo de espera supera con facilidad los 60 minutos, manteniendo la misma dinámica de sobrecarga.

Unidades en estado crítico y vulneración a la dignidad

A la falta de frecuencia del servicio se suma el grave estado físico y mecánico de la flota vehicular. Los usuarios reportan que la mayoría de los colectivos están sucios, con asientos rotos, cubiertos de grasa y emanando olores desagradables. Es recurrente que los pasajeros arriben a sus puestos de trabajo o centros de estudio impregnados con humo de combustión de los motores por fallas mecánicas no corregidas.

La experiencia resulta especialmente abrumadora para las mujeres que dependen de esta línea para cumplir con sus jornadas laborales tempranas.

«Para poder entrar a trabajar a las 7:00 de la mañana en Cúa, tengo que estar desde las 5:30 de la mañana en la parada de Casa de Tejas. Si no lo hago así, llego tarde, sucia y manoseada. El hacinamiento es tal que resulta desagradable sentir el roce constante del colector pasando por el pasillo a cada rato para cobrar. Debería existir otro sistema de cobro si van a meter gente hasta que no quepa nadie más; están vulnerando la dignidad humana», denunció Juana González, habitante de la urbanización Casa de Tejas en Ocumare del Tuy.

Incumplimiento de las normativas de transporte terrestre

La insatisfacción popular se incrementa ante los constantes ajustes de pasaje aprobados de manera periódica. Las promesas de mejora en la prestación del servicio que acompañan a cada incremento tarifario han quedado relegadas, convirtiéndose en una práctica recurrente sin resultados tangibles para la comunidad.

Los usuarios señalan que muchos conductores intentan evadir las regulaciones estatales escudándose en la propiedad privada de las unidades para justificar el maltrato y las irregularidades en el cobro.

«Cuando uno hace el reclamo, los choferes alegan que ellos son los dueños de los carros y que suben o bajan a los pasajeros que les da la gana ‘porque es su carro’. Se les olvida que están violando la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. El Estado otorga una concesión de explotación económica sobre una vía pública; por ende, el servicio es público y la unidad queda regulada por la administración. El chofer se debe al pasajero y no al revés», enfatizó el abogado y usuario frecuente Carlos Alberto Martínez.

Desprotección nocturna y proliferación de piratas

La problemática se agudiza al caer la tarde. Después de las 6:00 p.m., las unidades pertenecientes a las líneas adjudicadas desaparecen de las plataformas de los terminales tanto de Cúa como de Ocumare del Tuy. Esta ausencia deja desamparados a cientos de ciudadanos que retornan a sus hogares tras cumplir la jornada laboral.

Ante el abandono de la ruta formal, proliferan los transportistas informales o «piratas», quienes imponen tarifas elevadas e ilegales que multiplican el costo del pasaje.

«Después de las seis de la tarde no hay autobuses legales en los terminales. Quedamos a merced de los carros piratas que cobran precios exorbitantes porque se aprovechan de la necesidad que tenemos de llegar a nuestras casas. Los adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad sufrimos el peor trato, porque directamente no nos quieren prestar el servicio ni respetan la exoneración legal», afirmó Pedro Rengifo, vecino del sector Bello Horizonte en la parroquia Santa Bárbara.

Ante este panorama crítico, la colectividad de los Valles del Tuy emite un llamado urgente al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y a las Direcciones de Transporte de las alcaldías de los municipios Tomás Lander y Urdaneta. Exigen un operativo de fiscalización permanente para sancionar a los prestadores de servicio que violen la ley, fiscalizar el estado mecánico de las unidades y garantizar el derecho a un transporte digno y eficiente.

Vía: Red Vecinal La Voz del Tuy

Charallave – Miranda. – Una dramática situación enfrentan los habitantes de la Urbanización Vista Linda, en el municipio Cristóbal Rojas, quienes alzaron su voz de protesta ante las constantes fallas e irregularidades en el suministro de agua potable por tubería, un servicio administrado por la empresa estatal Hidroven.

Los afectados señalan que la falta de agua se ha prolongado por períodos de más de 20 días continuos. Cuando la hidrológica finalmente restituye el bombeo, el recurso apenas fluye durante unos dos o tres días y con una presión extremadamente baja, lo que imposibilita llenar los tanques de almacenamiento familiar como medida de contingencia. Esta problemática desmejora significativamente la calidad de vida e higiene de cientos de familias en la zona.

Cobro puntual y denuncias de acoso

A pesar de la notoria deficiencia del servicio, los residentes manifiestan que las facturas de cobro llegan de forma rigurosa a la comunidad. Diversos propietarios afirman sentirse acosados por personal del ente hidrológico, debido a que, de presentar retrasos en los pagos por un servicio que no reciben, son visitados en sus viviendas bajo amenazas de corte o imposición de multas.

«Es indignante recibir cobros e inspecciones intimidatorias cuando pasamos casi todo el mes con los grifos secos. Pagamos a tiempo por un servicio que prácticamente no existe en nuestra comunidad», expresó una de las vecinas afectadas, residente con más de 20 años en el sector.

Especulación con camiones cisterna y sospechas en el suministro

La intermitencia del agua ha obligado a los vecinos a recurrir a camiones cisterna privados, cuyos conductores cobran tarifas desmedidas aprovechándose del nivel socioeconómico de la urbanización. De acuerdo con las denuncias, el costo por metro cúbico en Vista Linda supera exponencialmente las tarifas cobradas en comunidades populares aledañas.

La indignación aumenta al constatar que en sectores vecinos el suministro por tuberías fluye con regularidad y suficiente presión. Esta disparidad ha levantado sospechas entre los habitantes, quienes catalogan de «negocio redondo» que beneficia la venta privada de agua.

«Tú te das cuenta de que hacia otras partes de Charallave mandan el agua y para acá no, entonces se hace sospechoso, ya que uno termina pagando muchas cisternas de agua que, por ser una zona de clase media, te las cobran muy por encima del precio normal. Terminamos pagando muchísimo dinero en cisternas, ya que tenemos un servicio muy deficiente pero costoso que no disfrutamos», enfatizó una de las denunciantes.

A su vez, los residentes insisten en que la economía familiar se encuentra sumamente golpeada tras sostener simultáneamente las facturas de la hidrológica y la compra recurrente de cisternas a precios especulativos.

«Nos están acorralando financieramente. Exigimos que las autoridades competentes supervisen las válvulas de distribución. No es justo que sectores vecinos tengan agua y en Vista Linda estemos marginados para obligarnos a comprar cisternas».

Exigencia de soluciones inmediatas

Ante esta alarmante coyuntura, la comunidad de la Urbanización Vista Linda hace un llamado de emergencia a los organismos competentes y directivos de la hidrológica para que se aboquen a solucionar esta problemática de forma definitiva. Exigen la optimización inmediata del bombeo y una distribución equitativa de los ciclos de agua, ajustada a las tarifas exigidas y al derecho fundamental de acceso al agua potable, como un recurso necesario para la vida.

Vía: Red Vecinal LVT

Ante el racionamiento prolongado —que incluyó la suspensión del vital líquido durante 21 días continuos y su posterior recepción en condiciones de extrema insalubridad e intermitencia durante los escasos dos o tres días de ciclos de bombeo—, la comunidad organizada resolvió iniciar un cronograma de acciones legales e institucionales para exigir respuestas inmediatas.

Recorrido institucional y entrega de petitorios

Durante la jornada del pasado martes 21, la representación vecinal se movilizó de manera organizada a distintas dependencias gubernamentales del eje y municipios vecinos con el fin de consignar un documento formal acompañado de las firmas de los afectados.

En primera instancia, la comisión se apersonó en la sede de Hidroven ubicada en el Centro Comercial El Colonial en Cúa, donde la misiva fue recibida por Helen Acosta, encargada de dicha oficina, quien asumió el compromiso de realizar el seguimiento correspondiente a las solicitudes comunitarias.

Posteriormente, la comitiva acudió a la sede de la Alcaldía del municipio Rafael Urdaneta, siendo recibidos por Laura Milano, de la Secretaría General de Gobierno, e Igor Sojo, Jefe del Territorio del Eje N° 7 y residente del sector. Ambos funcionarios estamparon su firma de recepción con la promesa de hacer llegar el documento al alcalde Jonathan Herrera.

El recorrido finalizó en la Gerencia Regional de Hidroven en Yare, donde los representantes del poder popular sostuvieron un encuentro directo con el Gerente de la planta y dos integrantes de su equipo técnico, quienes escucharon los planteamientos expuestos por la delegación.

Acuerdos logrados y mesa de enlace vecinal

Tras el abordaje en las distintas instancias de gobierno, el Jefe del Territorio del Eje N° 7, Igor Sojo, confirmó que el alcalde Jonathan Herrera ya cuenta con el expediente del caso y giró instrucciones para sostener una reunión oficial (Aún pendiente) con la comisión vecinal, integrada por la Abogada Ismelda Cubillán, la Profesora Petty Calderín y la Licenciada Milvia Echenique.

Por su parte, la Gerencia de Hidroven en Yare estableció los siguientes compromisos técnicos con los afectados:

• Inspección técnica en sitio: Ejecución de una verificación en campo en compañía de la comisión de vecinos para evaluar la falta de presión que impide la llegada del recurso a las Etapas III y IV, concentrándose el flujo únicamente en las Etapas I y II.

• Canal directo de comunicación: Creación de una red de mensajería instantánea para la notificación previa sobre el cronograma de bombeo, verificación de los tiempos de distribución y control de calidad del agua.

• Seguimiento continuo: Enlace permanente entre la gerencia hidrológica y la vocería comunitaria.

Confirmación de comisión y persistencia de insalubridad

Por instrucciones de la alta gerencia hidrológica, se llevó a cabo una reunión de seguimiento para ratificar formalmente la conformación de la comisión de enlace entre dicho despacho y la delegación de vecinos afectados. Sin embargo, en días recientes la representación comunitaria manifestó que, tras acumular casi 30 días continuos sin recibir la distribución del recurso, el servicio fue restituido de manera temporal, pero el líquido bombeado a través de las tuberías residenciales presentó niveles de insalubridad que lo hacen inviable para el consumo humano, motivo por el cual reiteraron la exigencia de soluciones prontas y efectivas a las autoridades competentes.

A pesar de los avances institucionales logrados en las mesas de trabajo, los residentes de la urbanización Lecumberry expresaron que se mantienen a la espera de la convocatoria oficial por parte del ejecutivo municipal y enfatizaron que los resultados de las gestiones solo podrán constatarse al momento en que el servicio sea restituido de manera regular y apto para el uso doméstico.

Vía: Red Vecinal La Voz del Tuy

Ocumare del Tuy, Miranda. – Un escenario de insalubridad y deterioro ambiental afecta directamente a los habitantes de la urbanización Santa Marta, ubicada en la carretera vieja Charallave – Ocumare, específicamente en el sector La Cabrera de la parroquia Ocumare del Tuy, jurisdicción del municipio Tomás Lander. Alrededor de 1.100 familias se encuentran expuestas a un severo riesgo sanitario debido a que acumulan aproximadamente un mes sin recibir el servicio oficial de recolección de desechos sólidos.

Los residentes denuncian que la ausencia del aseo urbano no es un hecho aislado, sino una problemática que se presenta de forma continua en la localidad. Ante la falta de unidades compactadoras por parte de la alcaldía, la entrada principal del urbanismo se ha transformado en un vertedero a cielo abierto, dañando la estética del sector y convirtiéndose en un foco de contaminación epidemiológica. A la situación interna se suma que habitantes de caseríos aledaños, al no contar con alternativas de disposición, trasladan sus desperdicios hasta este punto, incrementando el volumen de residuos acumulados.

La denuncia fue realizada a través del grupo de WhatsApp Red «Vecinal La Voz del Tuy», donde los vecinos manifiestan que la proliferación de vectores infecciosos como «moscas, gusanos y roedores se ha convertido en el panorama cotidiano», elevando las alarmas por posibles brotes de enfermedades de la piel, respiratorias y gastrointestinales, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Asimismo, el lugar es frecuentado a diario por personas en situación de vulnerabilidad que revisan los desperdicios en busca de sustento, lo que agrava el cuadro social en la zona.

Testimonios de la Comunidad

«Ya no sabemos qué hacer con la cantidad de moscas y ratas que circulan en el sector. El olor es insoportable, sobre todo al mediodía con el calor. Es un peligro real para la salud de nuestros hijos y la entrada de nuestra comunidad parece un basurero municipal», denuncian los vecinos.

Por su parte, otro de los afectados enfatizó la responsabilidad de las autoridades locales en la regularización de los servicios públicos esenciales.

«El vertedero improvisado sigue creciendo porque los caseríos vecinos también vienen a lanzar sus bolsas aquí. Justificamos que el espacio esté en estas condiciones únicamente porque la alcaldía nos tiene en el olvido con el servicio de aseo técnico urbano desde hace semanas», aseveró un vecino del sector que prefirió resguardar su identidad.

La comunidad de la urbanización Santa Marta hace un llamado urgente a las autoridades del municipio Tomás Lander para que se implemente un plan de contingencia inmediato que permita sanear el acceso vial y restablecer los cronogramas de recolección de basura antes de que la situación derive en una emergencia sanitaria mayor.

Redacción La Voz del Tuy

La jornada de saneamiento ambiental se ejecutó el pasado martes 26 de mayo de 2026. El despliegue contó con la presencia y supervisión directa de la señora Noris Monzón, coordinadora de recolección de desechos sólidos de la parroquia Santa Teresa, quien dirigió las cuadrillas durante una recolección exhaustiva de los desperdicios acumulados en el sector.

Alianza vecinal para erradicar el vertedero

En el marco del operativo, las autoridades locales, la jefa de comunidad y los habitantes afectados sostuvieron una mesa de trabajo improvisada. En la reunión se planteó la prohibición estricta de arrojar desperdicios en dicho espacio, con la firme meta de eliminar por completo el foco de contaminación de ese punto geográfico.

La problemática se había agudizado debido a que el lugar —concebido inicialmente para el acopio temporal de la entrada de la comunidad Vista Hermosa— comenzó a ser utilizado de manera descontrolada por residentes de sectores adyacentes. Esta situación transformó la calle en un vertedero masivo no solo de basura doméstica, sino también de animales muertos, chatarra y escombros de construcción.

Como alternativa sustentable, los vecinos plantearon modificar la logística actual: proponen que el camión del aseo urbano ingrese hasta la entrada de la comunidad para que los habitantes entreguen sus bolsas directamente al compactador, evitando la acumulación en la acera. Para consolidar esta estrategia, la comunidad pautó una mesa técnica con el señor Manuel Rondón, coordinador general de desechos sólidos del municipio Independencia.

Un foco que afecta a instituciones, empresas y servicios públicos

Los voceros comunitarios hicieron un llamado contundente a los sectores aledaños para que respeten la prohibición de botar basura en la avenida Ayacucho, ya que las consecuencias ambientales y estructurales son de gravedad. El foco insalubre se ubica justo al frente de una fábrica procesadora de metales, a escasos 50 metros de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y a 75 metros de las Residencias Altamira.

Asimismo, la acumulación de basura afecta directamente las instalaciones de la empresa Hidroven. Los desperdicios obstruyen por completo el canal de desagüe del tanque que surte de agua potable a más de 10 comunidades, incluyendo el casco central de Santa Teresa. Esta obstrucción provoca que cada quince días, al momento de realizarse el vaciado técnico del tanque, el agua se desborde e inunde las calles de la zona, impidiendo por completo el tránsito peatonal y vehicular.

Carrera contra el tiempo y una lucha por la conciencia social

Habitantes de la zona recalcaron que esta situación vulnera la convivencia ciudadana, la salubridad y la vialidad local. La urgencia de establecer un plan definitivo quedó en evidencia menos de 24 horas después del operativo: a pesar de que la recolección exhaustiva culminó la tarde del martes 26 de mayo, para las 9:00 de la mañana del miércoles el espacio ya registraba nuevamente una alta acumulación de desperdicios, por lo que la comunidad hace un llamado urgente a la conciencia.

El liderazgo vecinal se mantiene a la expectativa de las conclusiones y acuerdos derivados de la reunión con el coordinador Manuel Rondón, con el objetivo de diseñar políticas de recolección eficientes que impidan el resurgimiento de este foco contaminante.

Santa Teresa del Tuy

Santa Teresa del Tuy, 26 de mayo de 2026. – Un eminente riesgo ambiental y sanitario mantiene en situación de alarma a los habitantes de la comunidad Vista Hermosa, ubicada al final de la avenida Ayacucho, en el casco central de Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia del estado Miranda. Los residentes denuncian que el servicio de aseo urbano acumula más de un mes sin realizar la recolección de desechos sólidos en la zona, lo que ha transformado la entrada del sector en un vertedero a cielo abierto.

La acumulación descontrolada afecta de forma directa la convivencia y la salud pública. Vecinos adyacentes al foco de contaminación manifestaron el profundo descontento por la ubicación de este punto de acopio improvisado, el cual se encuentra a escasos metros de las viviendas familiares. El olor putrefacto y una masiva proliferación de moscas y alimañas impiden que los ciudadanos puedan abrir las ventanas y puertas de sus hogares.

«La situación es inaguantable. En mi casa vivimos con pacientes cardiopatías crónicos que sufren por las altas temperaturas de la zona. Deberíamos tener la casa ventilada, pero si abrimos las ventanas, nos invaden las moscas y el mal olor. Estamos obligados a vivir encerrados sufriendo el calor», relató con preocupación uno de los vecinos directamente afectados por la cercanía de los desperdicios.

Un foco infeccioso en la entrada de la comunidad

El problema se agrava debido a que el basurero satura la vía principal. Para ingresar a sus hogares, los habitantes se ven obligados a caminar por encima de desechos contaminantes dispersos, tales como toallas sanitarias y pañales usados. Adicionalmente, residentes de sectores aledaños han comenzado a utilizar el espacio para arrojar desperdicios e incluso animales muertos, acelerando el proceso de descomposición.

Ante la falta de respuesta institucional, algunos ciudadanos han optado por quemar la basura de forma desesperada. Esta acción ha generado conatos de incendio que ponen en riesgo el cableado de electricidad y los servicios de telecomunicaciones de fibra óptica de las viviendas contiguas. Los mismos afectados han tenido que actuar con rapidez para sofocar las llamas y evitar una tragedia mayor.

Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía del Municipio Independencia para que envíe los camiones compactadores, y al Consejo Comunal de Vista Hermosa para que reubique definitivamente este punto de recolección. No se planificó el impacto a la salud de los niños, personas con discapacidad y adultos mayores que aquí residimos», enfatizó otro portavoz vecinal.

Impacto en la comunidad y sectores estudiantiles

La problemática no solo perjudica a las aproximadamente 600 viviendas consolidadas en el sector Vista Hermosa, sino también a unas 200 familias de comunidades adyacentes que se han establecido en terrenos cercanos.

Asimismo, el impacto ambiental se extiende a zonas institucionales y residenciales clave del casco central: la sede de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) se encuentra a apenas 100 metros del foco de contaminación, mientras que las Residencias Altamira están ubicadas a unos 150 metros, lo que amplía el radio de vulnerabilidad epidemiológica en los Valles del Tuy.

Vía: Red Vecinal La Voz del Tuy

Alegan los vecinos, que de acuerdo al cronograma de suministro emitido por la empresa Hidroven (ente encargado en la región), el servicio debía ser restituido el pasado viernes; sin embargo, hasta la fecha, las llaves siguen secas, dejando a la deriva a una población de aproximadamente 1.132 familias.

Especulación y vulnerabilidad

La ausencia del vital líquido ha dado paso a la especulación por parte de choferes de camiones cisterna privados. Los afectados señalan que los costos son prohibitivos: «Cobran desde 10 dólares por cada 1.000 litros y, en casos extremos, exigen hasta 12 euros por la misma cantidad», explicaron los denunciantes. Esta situación golpea directamente el bolsillo de una comunidad donde predominan adultos mayores y niños, quienes son los más vulnerables ante la falta de higiene y salubridad.

Educación en riesgo

La crisis hídrica ha trascendido los hogares y afecta directamente el derecho a la educación. En el urbanismo funcionan una escuela primaria con una matrícula superior a los 500 escolares y un preescolar, instituciones que ven limitadas sus labores pedagógicas diarias debido a la imposibilidad de mantener los baños y áreas comunes en condiciones mínimas de limpieza.

Un rosario de fallas: Electricidad y CANTV

La crisis de servicios en El Ave María no se limita al agua. Los vecinos describen un escenario de «olvido»:

• Sistema Eléctrico: Sufren apagones y fluctuaciones constantes, sumados a los cortes por mantenimientos programados que dejan a la comunidad a oscuras con frecuencia.

• Telecomunicaciones: Reportan más de 5 años sin servicio de telefonía e internet de CANTV. Esto ha obligado a las familias a contratar proveedores privados con costos de instalación y mensualidades que muchos no pueden costear.

Llamado a las autoridades

Ubicados en la carretera Ocumare-Yare, en el límite entre los municipios Simón Bolívar y Tomás Lander, los vecinos sienten que su condición de comunidad foránea los ha invisibilizado. «Hacemos un llamado a la Hidrológica para que se apiade de nosotros. No podemos seguir viviendo así», sentenciaron.

Desde La Voz del Tuy, nos unimos al llamado de estos ciudadanos para que los entes responsables garanticen los derechos básicos y se restablezca de inmediato el suministro de agua en la zona.

Redacción LVT / Vía Red Vecinal LVT

La ubicación de este urbanismo, cuyo acceso principal se encuentra por la autopista Francisco de Miranda a la altura del distribuidor Aeropuerto Caracas, dificulta el traslado peatonal de sus residentes, quienes ahora dependen de soluciones externas para poder movilizarse hacia el centro de la ciudad.

Impacto en la población escolar de Valle de Chara

La principal preocupación de la comunidad radica en la movilidad de los niños y adolescentes que cursan estudios en instituciones fuera de la urbanización. Al no contar con una unidad operativa, el traslado diario hacia los colegios se ha convertido en una tarea casi imposible, poniendo en riesgo la asistencia regular a clases de decenas de estudiantes.

«Necesitamos una solución urgente para no quedar incomunicados. Hay muchos niños que van al colegio y, por nuestra ubicación geográfica, se les dificulta mucho llegar sin un medio de transporte confiable», explicaron los portavoces vecinales a través de un comunicado.

Llamado a TransMiranda

Los afectados hacen un llamado directo a la directiva de TransMiranda y a las autoridades municipales para que se gestione la asignación de una unidad suplente o titular de manera inmediata. Destacaron que la demanda de cientos de usuarios no puede ser cubierta sin el apoyo gubernamental, especialmente en una zona de difícil acceso vehicular para el transporte convencional.

Los vecinos de Valle de Chara esperan que su solicitud sea atendida a la brevedad posible para restablecer la dinámica diaria de la urbanización y garantizar el derecho a la movilidad de las familias que allí residen.

Redacción LVT, Vía @RedVecinalLaVozDelTuy

Charallave, 2 de marzo de 2026. – Una vez más, el inicio de la semana laboral se ha convertido en un calvario para los habitantes de la subregión mirandina. Este lunes 2 de marzo, cientos de pasajeros de los seis municipios de los Valles del Tuy reportaron una paralización de facto en el servicio de transporte público hacia la ciudad capital, denunciando lo que califican como una «operación morrocoy» orquestada por las líneas interurbanas.

Terminales desiertos desde la madrugada

Desde las 5:00 a.m., los reportes recibidos a través de la Red Vecinal La Voz del Tuy dieron cuenta de la ausencia casi total de unidades colectivas. En el Terminal de Ocumare, la situación fue descrita por los afectados como un escenario de anarquía. «Se volvió lo típico en el terminal de Ocumare los días lunes. No hay camionetas y el caos se apodera de todo cuando llega un solo autobús», reza una de las denuncias enviadas al grupo de WhatsApp del medio.

Simultáneamente, en el municipio Urdaneta, los usuarios reportaron a las 5:15 a.m. que en Cúa no había unidades disponibles ni para Caracas ni para rutas internas hacia Ocumare, obligando a los ciudadanos a recurrir a servicios «piratas» con tarifas exorbitantes o a desviarse de sus rutas originales para intentar llegar a sus puestos de trabajo y estudios.

Estrategias de presión y tarifas arbitrarias

La irregularidad no se limita a la falta de vehículos. Vecinos de los municipios Independencia (Santa Teresa) y Paz Castillo (Santa Lucía) señalaron que las líneas, entre ellas Indepasid, utilizan la excusa del suministro de combustible para ausentarse de las paradas de forma masiva.

«Casualmente, todas las unidades echan gasoil juntas los lunes como medida de presión para subir el pasaje. Esperan que la gente se desespere para cobrar lo que quieran», denunció un residente de Santa Teresa.

Aunado a esto, los usuarios manifestaron su rechazo al anclaje del pasaje a la tasa diaria del Dólar BCV, una práctica que contraviene la Resolución vigente del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT) publicada en Gaceta Oficial, la cual establece una tarifa estable y regulada. Según los denunciantes, mientras los lunes el servicio desaparece, los fines de semana las unidades son desviadas con frecuencia para realizar excursiones playeras o cobros excesivos por ser día feriado.

¿Dónde están las autoridades?

La interrogante común entre los afectados de Ocumare del Tuy, El Alto (Paz Castillo), Santa Teresa del Tuy y el resto de la subregión apunta a la ausencia de fiscalización. Los ciudadanos denuncian que, en los momentos de mayor conflicto y aglomeración en los terminales, no se observa la presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ni de las policías municipales para poner orden o garantizar el cumplimiento de las rutas y tarifas legales.

Ante este panorama de vulnerabilidad, los habitantes de los Valles del Tuy exigen una intervención inmediata de las autoridades regionales para frenar los abusos de las líneas de transporte que condicionan la movilidad de miles de mirandinos.

Redacción La Voz del Tuy / Vía: @TuyeroDenuncia

Caracas, 25 de febrero de 2026. – Residentes de las diversas comunidades que integran el Sector Tovar, en el municipio Urdaneta, elevaron ante nuestra redacción, una denuncia pública ante lo que consideran un incremento desproporcionado y arbitrario en las tarifas del servicio de gas doméstico por cilindros.

Según el reporte ciudadano, los nuevos precios establecidos obligan a los habitantes a cancelar 1,25$ por el cilindro de 10 kg, 2,50$ por el de 25 kg y hasta 5$ por la presentación de 48 kg. La comunidad enfatiza que estos montos resultan imposibles de costear para la mayoría de las familias, tomando en cuenta que el salario mínimo legal en el país se mantiene estancado en 130 Bs, equivalente apenas a 0,32$ según la tasa de este miércoles.

Una brecha económica insalvable

Los denunciantes explicaron con preocupación que, bajo este nuevo esquema tarifario, una persona requiere acumular aproximadamente cuatro salarios mínimos íntegros solo para adquirir la bombona más pequeña (10 kg). Esta realidad financiera coloca a los vecinos del Sector Tovar en una situación de extrema vulnerabilidad, dificultando el acceso a un servicio básico esencial para la alimentación diaria.

«Consideramos estos aumentos totalmente fuera de lugar. Lo único que logran es perjudicar y vulnerar a la población en general, que ya atraviesa una situación económica crítica», manifestaron los afectados bajo una vocería comunitaria.

Llamado a las autoridades

Ante este escenario, la comunidad del Sector Tovar hace un llamado urgente al alcalde Jonatan Herrera, a las autoridades de la empresa distribuidora de gas y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), con el fin de revisar estas estructuras de costos que atentan contra la estabilidad del hogar cueño. Exigen una solución que se ajuste a la realidad del poder adquisitivo de los trabajadores y pensionados de la zona. Gas

Redacción La Voz del Tuy / Vía: @TuyeroDenuncia