El traslado diario en los sistemas de transporte masivo, suburbano e interurbano en Venezuela se ha convertido en una dura prueba de resistencia física y emocional, afectando de manera crítica a la población femenina. El colapso del sistema de movilidad, reflejado en unidades sobrecargadas de pasajeros que operan a cualquier hora del día, va más allá de un problema logístico o de comodidad; se ha transformado en una seria amenaza para la seguridad de las mujeres en el transporte público, quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad y abuso de forma sistemática en todo el territorio nacional.

Las constantes quejas en las unidades colectivas y los intensos debates en las redes sociales evidencian el malestar ciudadano ante la falta de confort, la ausencia de fiscalización y el peligro latente que acecha a las usuarias en los pasillos de los autobuses.

El fenómeno social del hacinamiento en las unidades

En las principales ciudades y zonas metropolitanas del país, abordar un autobús implica viajar en espacios totalmente colapsados, donde los pasajeros son empacados fuertemente unos contra otros. Sociólogos y urbanistas advierten que este hacinamiento extremo propicia conductas delictivas y abusivas bajo un entorno de despersonalización y anonimato.

En estos trayectos, mujeres de todas las edades, incluyendo niñas y adolescentes que se dirigen a sus centros de estudio, son expuestas a roces no consentidos, manoseos, «recostones» e insinuaciones violentas. Los agresores aprovechan el movimiento natural del vehículo y la presión de la multitud para encubrir sus bajos instintos y actuar sin pudor alguno, dejando a las víctimas en un estado de indefensión psicológica dentro de la unidad.

El impacto crítico en las distintas rutas del Tuy

Aunque esta problemática es una realidad nacional, la situación adquiere niveles de especial gravedad en las distintas rutas de los Valles del Tuy. En los trayectos suburbanos e interurbanos que conectan a localidades como Cúa, Ocumare, Charallave, Santa Lucía, Santa Teresa y Yare entre sí, o en sus conexiones directas hacia la ciudad de Caracas, los transportistas permiten el sobrecupo de forma indiscriminada desde las paradas iniciales. En estas unidades, las usuarias se ven obligadas a viajar hacinadas en pasillos estrechos durante trayectos largos que superan con frecuencia la hora de viaje. Cuando las pasajeras intentan exigir sus derechos o reclaman por el respeto a su espacio personal, la respuesta de los choferes y colectores suele ser la vejación, el insulto o la expulsión arbitraria de la unidad, ante una evidente falta de control por parte de las autoridades civiles y policiales de la subregión.

Voces desde el colapso: El testimonio de las víctimas

La crudeza de esta realidad queda en evidencia al escuchar las vivencias de mujeres en edad reproductiva que transitan a diario hacia sus centros de estudio y trabajo. Un equipo de La Voz del Tuy consultó a distintas usuarias del transporte público en el terminal de pasajeros de Charallave, y esto fue lo que manifestaron:

«Viajar en autobús desde Ocumare hasta Charallave es una tortura psicológica; un hombre se me recostó descaradamente durante todo el trayecto y, cuando le grité que se apartara, el chofer me dijo que si no me gustaba el viaje me bajara de la camioneta», relata Daniela Martínez, estudiante universitaria de 22 años.

Asimismo, Elena Silva, una asistente administrativa de 31 años, describe la vulneración que sufre en los vagones del tren en las mañanas:

«Aprovechan el hacinamiento para tocarte sin consentimiento; te sientes completamente desprotegida porque el espacio es tan estrecho que ni siquiera puedes mover los brazos para defender tu cuerpo».

Por su parte, Sofía Rondón, de 19 años, confiesa el impacto emocional que le genera esta rutina: «A veces prefiero llegar tarde a mis clases que montarme en una unidad sobrecargada; da asco e impotencia ver cómo hombres adultos se aprovechan del colapso de la unidad para satisfacer sus bajos instintos a costa de nuestra integridad».

Un video circuló en RR.SS. desató el debate de la vulnerabilidad de las mujeres en el transporte público en Venezuela. Foto: RR.SS.

Marco legal venezolano y normas Covenin

El ordenamiento jurídico venezolano cuenta con normativas estrictas diseñadas para erradicar estas agresiones y proteger la integridad de las ciudadanas. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica penalmente el acoso sexual, la violencia física y las ofensas al pudor en espacios públicos y medios de transporte. El sistema de defensa a una mujer libre de violencia establece canales obligatorios para procesar y sancionar estos actos, los cuales no deben ser normalizados ni tolerados como simples incidentes del viaje.

Por otra parte, la Ley de Transporte Terrestre prohíbe expresamente que los vehículos de rutas suburbanas e interurbanas trasladen a personas de pie en los pasillos. Esta práctica, común entre los operadores para maximizar sus ganancias, infringe de manera directa las normativas de calidad, higiene y confort Covenin (Fondonorma), las cuales determinan el aforo máximo permitido por unidad para garantizar un traslado digno y seguro a los pasajeros que cancelan una tarifa regulada.

La Ley de Transporte Terrestre (Gaceta Oficial N° 38.985) es el núcleo legal que rige la operatividad del sector.

• Clasificación de Rutas y Prohibición de Pasajeros de Pie:

  • Rutas Suburbanas e Interurbanas: La ley prohíbe taxativamente que los vehículos destinados al transporte público suburbano (entre municipios cercanos o ciudades dormitorio como los Valles del Tuy y Caracas) e interurbanos (largas distancias entre estados) trasladen pasajeros de pie. El aforo está estrictamente limitado a la capacidad de asientos disponibles homologados para el vehículo.

  • Rutas Urbanas: Los sistemas de transporte netamente urbanos (rutas cortas dentro de una misma ciudad o municipio) y los sistemas de transporte masivo (como el Metro o sistemas ferroviarios) son los únicos autorizados por diseño técnico para transportar una proporción de pasajeros de pie, siempre y cuando no se exceda el límite de masa máxima autorizada y cuenten con las barras y agarraderas de sujeción pertinentes.

• Responsabilidad Civil y Penal (Art. 101): Los conductores y las líneas de transporte (cooperativas o empresas) son civilmente responsables por los daños causados a los pasajeros. El exceso de velocidad o el sobrecupo (hacinamiento) anula o compromete las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil obligatorias, agravando la responsabilidad del chofer ante un siniestro.

Por su parte, FONDONORMA y el Estado venezolano, a través de las especificaciones COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales), regulan la estructura del vehículo:

• Norma COVENIN 2401 (Características de los Vehículos de Transporte Público): Establece las dimensiones mínimas del pasillo central, la distancia entre asientos y la capacidad nominal de carga de la unidad.

• Cálculo de Aforo: Determina que en rutas donde se permita viajar de pie (estrictamente urbanas), el cálculo técnico estándar es de un máximo de 4 a 5 personas por metro cuadrado de pasillo libre, garantizando un área mínima de movilidad y ventilación. Exceder este margen altera el centro de gravedad del vehículo, violando la homologación del fabricante.

• Normas de Confort e Higiene: Regulan las condiciones ambientales del viaje (ventilación, salidas de emergencia despejadas). Los pasajeros de pie en pasillos estrechos obstruyen mecánicamente las compuertas de evacuación rápida en caso de accidentes viales.

Fiscalización Terrestre

• Competencia Municipal y del INTT: El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) junto a las Policías Municipales y de Circulación son los encargados de velar por el cumplimiento del aforo en los Terminales de Pasajeros y puntos de control en vías rápidas (P.A.C.).

• Régimen de Sanciones: El sobrecupo y el transporte de pasajeros de pie en rutas no permitidas acarrea:

  1. Multas administrativas directas al conductor expresadas en unidades tributarias vigentes.

  2. Retención preventiva de la unidad en los puntos de control viales hasta que se desaloje el exceso de pasajeros.

  3. Suspensión o revocación de la certificación de prestación de servicio (concesión de la ruta) a la línea de transporte en caso de reincidencia sistemática.

Estatus de la Práctica: Aunque el marco legal e industrial venezolano restringe rigurosamente el traslado de personas de pie en pasillos para salvaguardar la seguridad vial y prevenir factores de riesgo físico o de género, la falta de fiscalización constante en las paradas intermedias de las autopistas y carreteras nacionales genera una brecha notable entre la norma escrita y la práctica diaria de los operadores del sector.

La mirada sociológica: Normalización de la violencia y anomia urbana

Desde la perspectiva sociológica, el acoso y la agresión sexual en contextos de hacinamiento no pueden entenderse como conductas aisladas o pulsiones individuales incontrolables, sino como el reflejo de una profunda descomposición del tejido social y de una clara anomia urbana —un estado donde las normas sociales de convivencia pierden su fuerza regulatoria. Cuando las unidades de transporte colapsan de forma rutinaria, se produce un proceso de deshumanización y pérdida del espacio vital que los agresores instrumentalizan para naturalizar la invasión del cuerpo ajeno, operando bajo un manto de impunidad colectiva y anonimato que les otorga la misma masa de pasajeros. Para la sociología, la tolerancia institucional y la falta de sanción ante estos actos no solo perpetúan la desigualdad de género en el espacio público, sino que institucionalizan una forma de violencia ambiental que restringe el derecho a la libre movilidad de las ciudadanas, obligándolas a replegarse, callar o modificar sus rutas vitales ante un entorno que las percibe como territorio disponible.

Exigencias ciudadanas para un transporte digno

Para mitigar esta vulneración, comités de usuarios y colectivos de derechos humanos exigen a los organismos públicos la implementación de controles estrictos de multitudes en los terminales. Las peticiones principales contemplan la regulación efectiva de las frecuencias de despacho para evitar colapsos en las paradas, la obligatoriedad de respetar el límite de asientos disponibles y el establecimiento de puntos de control intermedios en las vías. Asimismo, se solicita un despliegue preventivo de autoridades que garantice la atención inmediata y la detención en flagrancia de quienes atenten contra la integridad física y moral de las pasajeras.

Un llamado a la conciencia del sector transporte

Es imperativo hacer un llamado urgente a la reflexión y a la responsabilidad civil de los transportistas, choferes y colectores de toda Venezuela. El afán de maximizar las ganancias económicas de cada viaje no puede continuar justificando la complicidad indirecta en delitos de violencia de género, ni el hacinamiento que degrada la dignidad humana de las pasajeras.

El gremio del transporte debe entender que resguardar la seguridad de las mujeres no es una cortesía opcional, sino una obligación legal y moral establecida en las leyes venezolanas. Permitir el sobrecupo y mirar hacia otro lado ante el acoso dentro de sus unidades los convierte en cooperadores de una práctica que destruye la tranquilidad del pueblo; es momento de que los operadores asuman un rol activo en la protección de sus usuarias, respeten la capacidad de asientos de sus vehículos y colaboren con las autoridades para erradicar definitivamente estas conductas de los espacios de movilidad nacional.

Redacción La Voz del Tuy