En la elaboración del instrumento participaron periodistas del estado Carabobo, especialistas en cada una de las áreas y profesionales de la comunicación de diversas zonas del país, lo que permitió conocer distintas realidades para luego unificar las propuestas y ofrecer una referencia clara y justa de inversión para los servicios profesionales.

“Esta tabla es una base mínima exclusiva para servicios autónomos y no interfiere con las escalas salariales de las empresas. El instrumento tiene como propósito fundamental mejorar, proteger y dignificar la labor de los comunicadores sociales en Venezuela en las distintas funciones que desempeñan de forma independiente”, expresó la secretaria general del CNP Carabobo, Ruth Lara Castillo.

La dirigente gremial señaló que una de las novedades de esta actualización es la inclusión de áreas que, anteriormente, no estaban planteadas y que representan oportunidades de ingresos para los profesionales de la comunicación social.

Por primera vez, se fijaron parámetros formales de inversión para la gestión de Marca en Redes Sociales, se estructuró formalmente el apartado de Formación y Consultoría, así como un bono de riesgo en coberturas.

Durante la presentación, los secretarios generales aprobaron la actualización de los servicios tradicionales como el de prensa escrita, radio, fotografía, producción audiovisual y protocolo.

Lara Castillo destacó que las tarifas presentadas constituyen un piso mínimo de partida, las cuales pueden incrementarse de mutuo acuerdo según la trayectoria y formación académica del profesional.

Desde el LVIII Secretariado del CNP se exhortó a los agremiados a promover la tabla y a reconocer siempre el valor del ejercicio profesional de los periodistas, especialmente en Venezuela.

“Es importante que todos tengan claro que el éxito y la efectividad de este instrumento dependen estrictamente del compromiso de cada colega para exigir el cumplimiento de los honorarios presentados en el documento”, expresó Lara Castillo.

La líder del CNP Carabobo exhortó a los representantes de instituciones y empresas a no avalar el intrusismo, al tiempo que los instó a contratar de forma exclusiva los servicios de periodistas titulados y colegiados, como lo establece la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela.