Poder judicial fortalecido: Nueva Ley del Estatuto Policial eleva los estándares de la investigación penal
Caracas, 27 de enero de 2026. – En un paso decisivo hacia la modernización de los órganos de seguridad ciudadana, ha sido aprobada la reforma parcial a la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. Este avance legislativo representa un hito de orgullo para el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al consolidar el fortalecimiento institucional y la excelencia operativa.
El objetivo central de esta reforma es elevar el nivel de profesionalización y preparación técnica de las funcionarias y funcionarios. Con esta actualización, la policía de investigación penal venezolana se adapta de manera más efectiva a las nuevas mutaciones de los hechos delictivos y a los exigentes estándares de justicia que demanda el país, de acuerdo con lo informado por el Director del CICPC Douglas Rico.
Nueva estructura jerárquica por competencias
Uno de los cambios más significativos se encuentra en el Capítulo IV de la referida Ley, el cual establece una estructura organizativa basada en competencias y habilidades demostradas. Los niveles jerárquicos ahora se distribuyen en tres niveles fundamentales: Detectives, Inspectores y Comisarios, en todas sus escalas operativas.
Asimismo, la reforma introduce la nueva denominación de Comisario General Superior Nacional para la Dirección General. Según lo estipulado en el Artículo 15, la gestión de la función de la policía de investigación recaerá sobre la Directora o Director General del CICPC, quien ostentará este máximo rango.
Compromiso con la modernización
Esta adecuación legal asegura que la función de la Policía Científica se mantenga en manos de personal altamente calificado y actualizado. La modernización de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación garantiza un cuerpo detectivesco más eficiente, comprometido con el cumplimiento del deber y dedicado exclusivamente al servicio del pueblo y la defensa de la patria.
Con este marco jurídico, el Estado venezolano reafirma su voluntad de contar con una policía de investigación de vanguardia, capaz de enfrentar los retos de la criminalidad moderna con rigor científico y ética profesional.
