Familias afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio protestaron y cerraron la avenida Bolívar exigiendo soluciones habitacionales definitivas, la asignación del Bono de Contingencia y la revisión de los censos tras tres meses de permanencia en refugios temporales.
CARACAS. – A más de tres meses del evento telúrico registrado el pasado 24 de junio, la crisis por las soluciones habitacionales en la capital venezolana escaló este jueves 1 de octubre. Vecinos del urbanismo Óscar López Rivera y de complejos residenciales adyacentes a la avenida Bolívar cerraron de forma pacífica el tránsito en esta importante arteria vial para exigir la intervención directa del Ejecutivo Nacional y respuestas concretas a sus demandas, tal como lo informó el periodista Román Camacho a través de sus redes sociales.
De acuerdo a lo publicado por Camacho, la medida de protesta responde al estancamiento en la asignación de soluciones habitacionales y al retraso en la entrega del denominado Bono de Contingencia. Tras el doblete sísmico que causó afectaciones estructurales críticas en varios edificios de la zona —obligando a cientos de familias a desalojar sus inmuebles e instalarse en refugios y carpas de contingencia—, los damnificados aseguran no haber recibido respuestas definitivas sobre la reconstrucción o adjudicación de nuevas viviendas.
Irregularidades en el censo y falta de insumos básicos
Durante la manifestación, voceros de las comunidades afectadas manifestaron su descontento ante lo que califican como un manejo deficiente de los recursos y los censos oficiales realizados en la zona.
«Nos vimos en la necesidad de trancar la calle porque hace tres meses del bono de contingencia, estamos en la carpa y no estamos siendo beneficiados. Trajeron un bono y censaron a personas ajenas a los edificios afectados», denunció una de las voceras del urbanismo Óscar López Rivera.
A la incertidumbre habitacional se suma la precariedad económica de las familias en los refugios temporales. Los manifestantes señalaron que la falta de vivienda y de asistencia financiera ha impactado directamente el inicio del año escolar, impidiendo a los padres adquirir uniformes, útiles y calzado para sus hijos, así como cubrir tratamientos médicos de alto costo. Asimismo, rechazaron las medidas asistenciales coyunturales y exigieron un cambio radical en la atención gubernamental.
Diálogo y despliegue institucional ante el cierre vial
Ante la interrupción temporal del tráfico, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y representantes de instituciones estatales acudieron al lugar. Durante la mediación, los funcionarios reconocieron el carácter pacífico del reclamo y la legitimidad de las exigencias sociales frente a las fallas institucionales reportadas.
Por su parte, enlaces de programas gubernamentales sostuvieron un acercamiento inicial con las familias concentradas en la vía. La propuesta oficial se orienta a establecer mesas de trabajo junto a los voceros de cada edificio para revisar los listados de damnificados y canalizar alternativas de reubicación. A pesar de los llamados al diálogo, la comunidad condicionó el cese de las protestas a la presentación de un cronograma concreto de asignación de viviendas.
