Washington D.C., 7 de noviembre de 2025 — A partir de este viernes, más de 250.000 venezolanos en Estados Unidos quedaron sin protección migratoria tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria que les permitía residir y trabajar legalmente en el país. La decisión fue tomada por el Gobierno del presidente Donald Trump y respaldada por un fallo de la Corte Suprema, lo que ha generado una ola de preocupación y movilización entre comunidades migrantes, abogados y organizaciones civiles.
El TPS fue otorgado en 2021 bajo la administración de Joe Biden, como respuesta a la crisis política y humanitaria en Venezuela. Su finalización, efectiva desde las 11:59 p.m. del 7 de noviembre, deja a miles de familias en un limbo legal, sin permiso de trabajo, sin acceso a beneficios sociales y expuestas a procesos de detención y deportación.
Testimonios desde Doral, Florida
En la ciudad de Doral, conocida como “Doralzuela” por su alta concentración de migrantes venezolanos, el ambiente es de angustia. “No sabemos qué va a pasar. Tengo tres hijos nacidos aquí y ahora no tengo cómo renovar mi permiso de trabajo”, expresó María Fernanda Rivas, residente desde 2018.
Por su parte, Carlos Méndez, técnico en refrigeración, señaló: “He trabajado legalmente durante cuatro años. Hoy me siento como si me hubieran borrado del sistema. No quiero volver a vivir escondido”.
¿Qué opciones tienen los afectados?
Según expertos consultados por La Opinión y TalCual Digital, los venezolanos que pierden el TPS pueden explorar alternativas como:
- Solicitar asilo político, si cumplen con los requisitos de persecución individual.
- Aplicar a procesos de ajuste migratorio si tienen familiares ciudadanos o residentes legales.
- Iniciar trámites de visa de trabajo o estudio, si cuentan con patrocinadores.
- Buscar asesoría legal para evitar presencia indocumentada prolongada, que puede acarrear sanciones migratorias severas.
🛑 Advertencia oficial
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que quienes no cuenten con otro estatus legal podrían ser detenidos y enfrentar procesos de deportación. Organizaciones como el Venezuelan American Caucus han calificado la medida como una “ilegalización masiva” y alertan sobre el impacto en derechos humanos.
Con información de: TalCual Digital / La Opinión / AVN
